Las claves de la nueva Ley de Vivienda y cómo afecta a propietarios e inquilinos
Las últimas horas están siendo cruciales en el seno del Gobierno de cara a la aprobación del texto de la nueva Ley de Vivienda, la cual no acaba de poner de acuerdo a las distintas partes que conforman el gobierno de coalición. Mientras tanto, los usuarios son los principales damnificados, tanto los propietarios como los futuros compradores, así como los inquilinos, que ven cómo sus condiciones pueden variar significativamente.
Ione Belarra, líder de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, ha asegurado que no existe un acuerdo inminente con el PSOE, tal y como afirmó horas antes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No obstante, y en esta línea, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo se encuentra muy cerca de poder llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la primera ley estatal de vivienda.
Parece ser que el punto álgido entre ambas partes del Gobierno sería tope a la revalorización del precio del alquiler en un 3%, aunque de manera temporal y hasta que se definiese un nuevo índice.
Puntos álgidos de la nueva normativa
Definición de zona de mercado tensionado
La nueva Ley de Vivienda aborda, entre sus principales cuestiones, la limitación del alquiler a los grandes propietarios, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que posean más de 10 viviendas en propiedad, sin incluir garajes o trasteros, y con una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Desde la formación morada se consideran como grandes tenedores a quienes cuenten con más de cinco viviendas.
La Ley de Vivienda aboga porque estos propietarios modulasen el precio de sus alquileres en función de la zona, estableciendo un tope en las zonas denominadas como tensionadas. La consideración de zona tensionada dependerá de cada comunidad autónoma, aunque el Gobierno apuesta por limitar el importe máximo de actualización de renta para que no se equipare al IPC, sino que fuese como máximo un 3% de forma permanente.
En estas zonas, el precio medio de un alquiler no podrá ser superior al del 30% de los ingresos medios de la población de la zona. En los cinco años anteriores a la declaración de zona tensionada, tal y como recoge la Ley de Vivienda, el precio debería haberse incrementado un 5% por encima del crecimiento anual acumulado del IPC de dicho período. Las zonas tensionadas aparecerán especialmente en las grandes capitales españolas, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.
Alquileres públicos en promociones nuevas de vivienda
La Ley de Vivienda pretende que las promociones de obra nueva se ajusten a una reserva del 30% de sus viviendas a un parque público, y la mitad de dicho porcentaje, destinado al alquiler social.
Ventajas fiscales a pequeños propietarios
Los pequeños propietarios (con menos de 10 viviendas) podrán beneficiarse de deducciones fiscales si potencian la rebaja del precio del alquiler, e incluso podrían obtener una bonificación del 90% de las rentas obtenidas si se produjese en áreas tensionadas. Será del 50% para todos los que alquilen su vivienda y del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años o es un contrato de rehabilitación.
Incremento de impuestos a viviendas vacías
La Ley de Vivienda determina que los ayuntamientos podrán aumentar la tasa del IBI a aquellos domicilios que lleven más de dos años vacíos y cuyos propietarios posean más de cuatro viviendas en un mismo municipio. El recargo podría ser de hasta el 150%.
Regulación de los desahucios
Se quiere salvaguardar a los inquilinos en caso de vulnerabilidad, haciendo más ágil la comunicación entre Juzgados y Servicios Sociales. Podemos propone prohibir el lanzamiento de hogares vulnerables hasta que no se garantizase una alternativa habitacional.
Las consecuencias directas
La Ley de Vivienda podría provocar el empobrecimiento patrimonial de todas las personas titulares de una vivienda destinada a alquiler al estar vinculadas a la renta obtenida. También se derivaría en la disminución de garantías de los acreedores, que tienen una deuda vinculada a una vivienda destinada a alquiler, reduciéndose el valor del activo.
Otra consecuencia directa de la nueva Ley de Vivienda es la reducción de la oferta actual de viviendas destinadas al alquiler, así como el desequilibrio de mercado (se incrementan los precios al reducirse la oferta de alquiler de viviendas nuevas y usadas). También hay que destacar la paralización de la actividad promotora y constructora de vivienda nueva, al estar obligados a destinar el 30% de la promoción residencial a VPO. Se destruirían así más de 400.000 puestos de trabajo en España.
Del mismo modo, la Ley de Vivienda trae consigo una menor recaudación impositiva debido al parón de nuevos proyectos, dejándose de recaudar 6.847 millones de euros. Además, el coste social que supone un mercado de viviendas muy tensionado retrasaría la edad de emancipación y la demografía del país.
La futura nueva Ley de Vivienda mermará la seguridad jurídica, por lo que el mercado inmobiliario precisa de un marco estable que fomente la inversión y el desarrollo a largo plazo.
Son tiempos difíciles para el sector, pero son muchos los ciudadanos que optan por una inmobiliaria de confianza, como Inmotarget, que les ayude a solventar dificultades y confusiones legales como las de la citada nueva Ley de Vivienda.